Digitalización y descarbonización son dos conceptos con los que comenzar a familiarizarse para entender los objetivos del ambicioso plan de movilidad sostenible de Valladolid. Una estrategia de impulso de la electrificación en el transporte que en los últimos años está desarrollándose a un ritmo acelerado. El pasado mes de enero, el Ayuntamiento adjudicó la licitación de la gestión de la infraestructura de la red de recarga de vehículos eléctricos de uso público a Iberdrola Clientes SAU.

La empresa se encargará durante los próximos diez años de prestar este servicio que busca alcanzar una movilidad con cero emisiones por la ciudad. El coordinador de Innovación en la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, Modesto Mezquita, explica que «es una estrategia que viene de lejos, la experiencia que ha adquirido el Ayuntamiento de Valladolid, a través de otros proyectos, como el europeo Remourban, es muy importante».

De momento, el próximo paso sobre el que están trabajando con la adjudicataria del servicio será la ubicación estratégica de cuatro estaciones de carga rápida (uno de ellos de 120 kW y tres de 50 kW), que darán cobertura al reparto urbano de mercancías y a flotas profesionales que hacen un uso intensivo de la movilidad urbana. Actualmente, la red de puntos de recarga abarca 19 localizaciones y 23 plazas de estacionamiento reservadas en exclusiva.

En este sentido, el cambio de mentalidad hacia un consumo eléctrico y renovable incidirá en una mejora para la ciudad, «sustituir un vehículo de emisiones de C02 respecto a un vehículo eléctrico significa que hay cero emisiones al medio ambiente y una reducción de la contaminación acústica», apunta Modesto Mezquita. En la misma línea se manifiesta el director comercial de Iberdrola en Castilla y León, Celiano García. «Este contrato supone para nosotros un hito muy importante. Está perfectamente alienado con nuestro Plan de Movilidad Sostenible que llevamos desarrollando desde el 2016».

Con la implantación de nuevos puntos de recarga rápida el Ayuntamiento se adelanta a dar respuesta a la demanda creciente de este tipo de instalaciones por parte de las flotas profesionales. Asimismo, se prepara para las futuras delimitaciones de zonas de bajas emisiones (ZBE) que contempla la Ley de Cambio Climático. «Seguramente comprenderá la almendra central de la ciudad y es posible que por esa zona solo puedan circular vehículos de cero emisiones», indica Mezquita.

Certificados

En este camino hacia un modelo de ciudad totalmente respetuoso con el medio ambiente y sostenible en la movilidad, juega un papel fundamental el aprovechamiento de las energías renovables. Por este motivo, uno de los compromisos que adquiere Iberdrola Clientes SAU es el de «proporcionar energía con garantía de origen 100% renovable. Los kilovatios producidos para recargar los vehículos proceden de fuentes 100% renovables», señala Celiano García. Esta medida supone un avance más en la transición hacia una economía descarbonizada.

Por otro lado, la red pública de recarga contará con una plataforma única de gestión para el pago del servicio, el coste energético y de su mantenimiento. Los puntos serán funcionales para todo tipo de vehículos independientemente de su procedencia, «gracias a los acuerdos de interoperabilidad funcionará como si fuera un sistema de roaming telefónico. Es decir que no será necesario cambiar de compañía para recargar en otras ciudades», ejemplifica Mezquita.

A través de una aplicación para móviles se afronta el reto de la digitalización de la recarga. Este sistema permite visualizar un mapa con los puntos de recarga, su estado, tarifas –«se cargará solo el consumo de acuerdo con los precios actuales»– y, además, permite la reserva de su uso antes de desplazarse. La citada operatividad con clientes de cualquier operador, el soporte a todos los servicios de movilidad y la asistencia de urgencia para la resolución de incidencias son parte del compromiso de la empresa adjudicataria. La disposición de amplia una red de recarga de vehículos eléctricos se presenta como una estrategia de la política pública de apoyo a la movilidad sostenible a través de la movilidad eléctrica.